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Datos para cubrir la desigualdad

26 de agosto de 2015. Actividades de la FNPI, Comunidad FNPI |  Daniel Bramatti, Integrante de Estadao Dados

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En el Festival de Datos de Cartagena  –  que se llevó a cabo en la ciudad del Caribe con más de 300 representantes de gobiernos, académicos y activistas  –  estuvo siempre presente en las discusiones la relación directa entre la pobreza y la falta de estadísticas. Se sabe poco o nada sobre las condiciones de vida de las poblaciones que más necesitan de políticas públicas cuya eficacia depende, justamente,  de la existencia de datos confiables. 

El estudio “The data revolution: finding the missing millions” subrayó que los gobiernos no conocen adecuadamente a sus gentes. “Eso es particularmente verdadero en el caso de los más pobres y marginados, las mismas personas en que los líderes van a tener que centrarse si pretenden eliminar la extrema pobreza en los próximos 15 años”, dice el documento.

Entre los datos que todavía no conocemos, según el estudio, están el número de jóvenes que se casan antes de cumplir 18 años; cuantos entre los pobres del mundo son mujeres; el número total de niños que viven en las calles; y cuantas personas sufren por el hambre en el planeta. Es posible que el número de miserables que viven con menos de 1,25 dólares al día sea  un 25% más que las estimados oficiales, pues 350 millones de seres humanos no son alcanzados por ninguna encuesta oficial y están totalmente fuera de las estadísticas sociales.

Como periodista que trabaja con datos en Brasil, no puedo dejar de pensar en lo distinta que es la realidad en mi país. Aquí es todo lo contrario: cuanto más pobre es la gente, más abundantes son los datos sobre esa población. No hay parcela de la sociedad sobre la cual se conozca más: cuántos son, cómo y dónde viven, qué consumen, qué producen. No es una exageración decir que el gobierno de Brasil tiene el nombre y la dirección de los integrantes de casi 27 millones de familias que viven en la pobreza, y que suponen casi la mitad de la población del país.

Además de muy completos, los datos son actuales: cada mes, 1,3 millones de familias son entrevistadas para saber cuáles son sus condiciones de vida. Casi las 27 millones de familias son encuestadas al menos una vez cada dos años.

Pero ¿cómo llegamos a esa situación tan distinta de otros países? Todo empezó en el año 2001, en el gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, cuando un decreto determinó la creación de un Registro Único de Programas Sociales. En aquel entonces, el gobierno federal prestaba asistencia a familias pobres con distintos programas, cada uno con su propio registro de beneficiarios. Eso dificultaba la coordinación de las acciones, fragmentaba el atendimiento y reducía su eficiencia, según el Ministerio de Desarrollo Social. Al traer unir todos los programas en una sola base de datos, los objetivos principales eran eliminar la duplicidad de esfuerzos y también la duplicidad en el pago de beneficios y de servicios.

A partir de 2003, ya en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, cinco programas diferentes fueron unificados bajo uno sólo, la Bolsa Familia, que tiene como objetivo atender a todas las familias pobres del país. El Registro Único pasó a expandirse efectivamente, llegando a 5,5 millones de familias en aquel año. Comenzó a formarse un mapa de todos los hogares con ingresos familiares mensuales inferiores al medio salario mínimo por persona.

En los años siguientes, el registro pasó por varios cambios. Los municipios, responsables de la recolección de los datos, recibieron incentivos financieros para mejorar la calidad de las informaciones. La alimentación del registro pasó a ser online y el gobierno comenzó a cruzar datos del registro con sus otras bases de datos.

En los primeros meses de 2010, el registro tenía información sobre 18 millones de familias. A mitad de 2014, el número llegaba a casi 25 millones.

Todas esas personas responden periódicamente a 100 preguntas sobre las características del hogar y de la familia  –  escolaridad, trabajo, ingresos y otras. También hay preguntas específicas para identificar las vulnerabilidades de los individuos y de las regiones.

La Bolsa Familia garantiza una renta mínima a esas personas. Pero muchas veces eso no es suficiente: el Registro Único sirve como puerta de entrada a más de 20 programas y servicios diferentes a nivel nacional: crédito, cursos técnicos, construcción de viviendas, priorización de ingreso en escuelas de período integral, subsidios para energía eléctrica y muchos otros.

Esa inmensa base de datos permite al gobierno diseñar políticas públicas específicas para cada tipo de público y monitorear casi en tiempo real sus resultados. Esas políticas fueron responsables de una reducción significativa de los índices de pobreza y miseria.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado en el mes de mayo, en el período 2002 y 2014 Brasil logró reducir el número de desnutridos en un 82,1%, el índice más alto entre las seis naciones más pobladas del mundo y superior al promedio de América Latina, que registró  reducción de 43,1%. Desde el 2014 el país ya no está en el “Mapa del Hambre” de las Naciones Unidas.

La tecnología del Registro Único y de la Bolsa Familia ya son un producto de exportación: están publicados en internet los documentos de la Iniciativa Brasileña de Aprendizaje por un Mundo sin Pobreza (Brazil Learning Initiative for a World without Poverty – WWP), una asociación creada entre el Banco Mundial, el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (International Policy Centre for Inclusive Growth - IPC-IG) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) y el Ministerio de Desarrollo Social.

Los datos del Registro Único son de acceso público y están reunidos en el portal Data Social. 

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